El paradigma principal económico del siglo. XXI, muestra que la titulación de tierras es el indicio para mejorar el acceso a crédito agrario y, con ello, promover los mercados de tierras, la productividad agraria y la recaudación de impuestos rurales.
Los programas PRAT (2002-2008) y SIGTierras (2011-2017) financiados por el BID y ejecutados por el MAGAP y el Proyecto de Legalización Masiva de Tierras de la STRA son algunas de las iniciativas de regularización más recientes en Ecuador que por cierto no alcanzaron lo previsto.
Las parcelas de pequeño tamaño (70 %) son poco atractivas como garantía ante las instituciones financieras formales.
Las estadísticas oficiales identifican que el 10 % de los hogares rurales que acceden a crédito lo hacen a través de familiares y amigos o pequeñas cooperativas de crédito, siendo la maquinaria y los vehículos una garantía tan habitual como la tierra.
La complejidad y alto coste monetario de los protocolos de regularización a instancia de parte (20 % del valor de la parcela, en algunos casos) hacen de los títulos una inversión más que una garantía.
Se prevé pues que la regularización aumentará el acceso a crédito siempre y cuándo se acompañe de medidas transversales e integrales de desarrollo y reestructuración agraria.
La regularización de tierras rurales es una tarea pendiente. La información catastral y la ficha de tenencia de proyectos de administración de tierras recientes como el PRAT o SIGTierras presentan un alto potencial como diagnóstico de las necesidades de regularización a nivel cantonal y especialmente del sector rural.
Al margen de la propia generación y dotación a los propietarios y posesionarios de títulos de propiedad como aval crediticio existen en Ecuador otras limitaciones sistémicas identificadas por la bibliografía internacional que constriñen el potencial de la seguridad de la tenencia como motor de ac- ceso a crédito (articulación del mercado de tierras y aumento de la productividad): En torno a un 70 % de las parcelas tienen menos de 1 ha. Esta existencia mayoritaria de pequeñas parcelas y/o explotaciones puede resultar poco atractiva para ejercer el papel de garantía ante las instituciones financieras con independencia de la situación de tenencia.
Las instituciones de crédito a las que mayoritariamente recurren los hogares rurales son instituciones privadas y, en el caso de la costa, predominantemente a familiares o amigos. Asimismo, el respaldo mediante terrenos, en montos promedio, sólo es mayoritario en la sierra. En la costa y la Amazonía es más frecuente el respaldo mediante maquinaria o vehículos.
Bajo el complejo esquema actual de protocolos e instituciones implicadas en la actualización de los títulos, los costos de regularización suponen un 20 % del valor de la finca (estimaciones previas). Por ello, la adquisición de los mismos supone una notable inversión previa para el cual sería preciso, incluso, acceder al propio crédito.
En este contexto, convendría, en el diseño de futuros proyectos de regularización de tierras en el Ecuador, proponer actividades que tengan en cuenta la complejidad y costo del proceso de regularización y actualización de los títulos pues, aunque el proyecto dote de títulos de forma mediante financiación específica la sostenibilidad futura del sistema de titulación seguirá comprometida.
Finalmente, resaltar el hecho de que la seguridad en la tenencia es uno de los elementos que genera productividad y competitividad agropecuaria, no obstante, habría que apoyarla con algunas políticas y reformas que incluyen los sistemas de acceso a crédito adaptados a las necesidades de los producto- res, procesos de regularización simples y eficientes y políticas de transferencia tecnológica no paternalistas. left
